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  • LA PROCEDENCIA DE ASTREINTES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO

    La Cámara civil y Comercial, Sala II de Rosario se ha expedido haciendo lugar al pedido de aplicación de astreintes solicitado por la actora ante el incumplimiento de una sentencia judicial firme que la Municipalidad de Funes desatendió deliberadamente por más de cinco años.

    Es así que la sanción conminatoria en el caso “Laborde, Inés y otra c. Municipalidad de Funes s. Mere declarativa de inconstitucional” se presentaba como la única posibilidad del cumplimiento efectivo de una resolución judicial confirmada por el Más Alto tribunal de la Provincia de Santa Fe.

    En los hechos, y por Acuerdo de Cámara de fecha 14 de diciembre de 2010 que fuera confirmado por la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, se declaro la inconstitucionalidad del Art. 71 del código fiscal de Funes y se ordeno a la Municipalidad de Funes a reliquidar la tasa general de inmuebles conforme parámetros establecidos por la Ley 8173.

    Ante la desobediencia del ente local, la actora solicito la aplicación de astreintes en los términos del art. 666 bis del Código Civil que previa concesión, posteriormente fueron revocadas por el juez de primera instancia con argumentos de su improcedencia en las acciones declarativas y en juicios contra el Estado.

    En tal contexto la actora interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, el día 25 de junio de 2015.

    Merito de un análisis profundo que no escatimó en citas jurisprudenciales ni doctrinarias, el Tribunal se explaya sobre el instituto de las astreintes con legítimos fundamentos para su procedencia.

    En concreto, la Sala II reconoce que los contornos de la acción declarativa de inconstitucionalidad han adquirido nuevos ribetes, y que la doctrina y la jurisprudencia la están dotando de herramientas tendientes a su ejecutabilidad.

    Entiende que las acciones declarativas de certeza que persiguen una declaración de inconstitucionalidad y a la vez la condena al Municipio a reliquidar el gravamen ilegitimo son de las llamadas acciones “puras” y quedan habilitadas para exigir su cumplimiento mediante la utilización de sanciones conminatorias.

    En el mismo sentido el fallo concibe la aplicación de astreintes contra el Estado por entender que la ley 26.944 (1) es inaplicable en el ámbito provincial ante la no adhesión a la misma en los términos de su art. 11.

    Por lo demás, la Sala reconoce como determinante los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su aplicación por los tribunales inferiores destacando en palabras del Dr. Fayt “el deber de la Corte de hacer cumplir sus sentencias dada su condición de tercer poder del Estado”.

    Con todo esto y a partir del relato cronológico de los hechos que exteriorizan la falta de seriedad con la que se ha tomado el asunto la Municipalidad de Funes y entendiendo que el incumplimiento de una sentencia firme ha sido deliberado, los Magistrados de la Sala II resolvieron la procedencia de las astreintes e incluso la posibilidad de aumentarlas (2).

    (1) El último parrafo del art. 1 de la ley 26.944, reza “La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funionarios”.

    (2) La sala II cita el fallo de la CNAT Sala I expte nº 3.746/06 sent. Int. Nº 61.424 del 14/6/2011 “Peña, MAria c. Ajuza SA y otro s/ despido”, en la cual los jueces elevaron el monto de las astreintes dado el carácter provisional de las mismas.

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